Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que busca identificar la vulnerabilidad previa a la mora y abarca fuentes de financiamiento que no siempre quedan reflejadas en las estadísticas bancarias.
La expansión del crédito de 2024 y 2025 coincidió con el inicio de un proceso de caída del poder adquisitivo y el empleo, y los gastos fijos empezaban a ejercer una mayor presión sobre el bolsillo, de la mano de la quita de subsidios a las tarifas, sobre todo. La suba de tasas, derivada en gran medida del endurecimiento de la política monetaria por parte del Gobierno para frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación en la previa electoral, volvió aún más compleja la situación.
Agustín Salvia, director del Observatorio, señaló que el año pasado se había generado un clima de endeudamiento basado en la expectativa de una futura solvencia, asociada a la perspectiva de crecimiento económico. No obstante, explicó el especialista, detrás de esa dinámica persistía una fuerte debilidad financiera. Se estaba formando una burbuja de consumo sin que las condiciones macroeconómicas fueran todavía sólidas.
Este escenario llevó a que la morosidad iniciara una tendencia alcista, hasta ubicarse en máximos históricos. El Banco Central registró en junio una tasa de irregularidad del crédito bancario a las familias del 12,8% del saldo, frente al 2,5% con el que había terminado 2024.
Al incorporar tanto a los acreedores bancarios como a los no bancarios, se estimó que en ese mes había 5,86 millones de personas con al menos una deuda atrasada. De ese total, el 17% debía menos de $100.000, mientras que cerca del 40% adeudaba un monto inferior al salario mínimo, establecido en $367.800.
