El exjefe de Gabinete justificó los recortes en universidades, discapacidad y obra pública, mientras las familias afrontan más inflación y endeudamiento.
Guillermo Francos no dudó cuando le preguntaron por el costo social del ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei. “No se puede responder a qué costo”, sostuvo el exjefe de Gabinete en una entrevista con Infobae. Para Francos, la Argentina debía “sanear la economía” después de décadas de déficit y, en ese proceso, necesariamente habría costos.
Pero justamente ahí aparece la pregunta que el exfuncionario intenta cerrar: ¿Quién paga ese costo?
Porque hablar de equilibrio fiscal es una cosa cuando se lo observa desde una planilla del Estado y otra muy distinta cuando el ajuste se traduce en universidades con menos recursos, rutas deterioradas, recortes en áreas sensibles o familias que recurren al crédito para llegar a fin de mes.
Francos fue consultado puntualmente por el periodista Diego Iglesias sobre algunos de esos efectos: la educación pública, las universidades, la ciencia y tecnología, las personas con discapacidad y las rutas nacionales. Su respuesta fue defender la lógica general del ajuste y, en el caso de la infraestructura vial, atribuir buena parte del deterioro a la corrupción de gobiernos anteriores. El argumento oficial puede ser válido como explicación del pasado. Lo que no responde es qué ocurre con esos problemas hoy.
Universidades y rutas: el costo de no gastar
El conflicto universitario es quizás uno de los ejemplos más claros. El Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que contemplaba mejoras salariales y actualización de becas, pero el Gobierno decidió resistir su aplicación y llevó la disputa a la Justicia. Mientras la comunidad universitaria continúa reclamando por el deterioro de sus ingresos y del funcionamiento de las casas de estudio, el Ejecutivo sostiene como prioridad preservar el equilibrio fiscal.
Algo similar ocurre con las rutas nacionales. El Gobierno hizo de la paralización de la obra pública uno de los símbolos de su programa de austeridad. Pero las rutas no dejan de deteriorarse porque el Estado deje de invertir en ellas. Los pozos, las banquinas destruidas y la falta de mantenimiento terminan trasladando el costo hacia quienes las utilizan todos los días.
Por eso, responder que las rutas están así por “la corrupción de años anteriores” puede explicar una parte de la historia, pero no alcanza para responder qué hace el Estado frente al deterioro actual. Si hubo corrupción, debe investigarse. Pero una ruta destruida sigue siendo una ruta destruida.
