La política argentina volvió a salir de nuestras fronteras. Esta vez no por una negociación económica ni por un acuerdo internacional, sino por una decisión judicial.
Cristina Fernández de Kirchner decidió llevar su condena al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y busca que un organismo internacional revise lo ocurrido.
La noticia reabre un debate que divide a la Argentina desde hace años. Para algunos, se trata de un nuevo intento de revertir una condena por otra vía cuando las instancias judiciales no dieron el resultado esperado. Para otros, es el ejercicio legítimo de acudir a mecanismos internacionales cuando consideran que sus derechos fueron afectados.
Pero más allá de las posiciones políticas, hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué dice de un país que una de sus principales dirigentes termine buscando respuestas fuera de sus propias instituciones?
La fortaleza de una democracia no se mide cuando todos están de acuerdo. Se mide cuando las instituciones generan confianza incluso entre quienes reciben un fallo adverso. Y ese es, quizás, el mayor desafío que tiene la Argentina.
Mientras tanto, la grieta vuelve a activarse. Habrá quienes celebren la presentación ante la ONU y quienes la cuestionen con dureza. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: una sociedad que hace tiempo dejó de discutir los hechos para discutir únicamente desde la pertenencia política.
La Justicia debe ser independiente. La política debe respetar sus decisiones. Y los ciudadanos necesitan instituciones que inspiren confianza, no sospechas permanentes.
Porque cuando cada sentencia se interpreta según el color partidario, pierde la Justicia. Pero también pierde la democracia.
Y esa es una discusión que la Argentina todavía tiene pendiente.
Editorial: «Cuando La Política Cruza las fronteras»
